Recientemente ha entrado en vigor la reforma de una veintena de artículos del Código Penal con un doble objetivo: la transposición de Directivas europeas en los ámbitos financiero y del terrorismo, y, abordar cuestiones sobre la lucha contra el tráfico de órganos humanos y la regulación de los delitos de corrupción.
La Ley Orgánica 1/2019, de 20 febrero, publicada en el BOE el día 21 incluye en el Apartado IV del Preámbulo se dice (pfo. 2) que una de las primeras novedades que aporta la directiva es “el aumento de la cuota defraudada para establecer la infracción penal contra la Hacienda de la Unión Europea”.
La defraudación a la Hacienda de la Unión Europea, que se castiga con las mismas penas previstas para el delito contra la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local cuando su importe supere la barrera de los 100.000 euros anuales, cuando hasta ahora era de 50.000 euros. Y castigándose con pena menor cuando la cifra defraudada se encuentre entre los 10.001 y los 100.000 euros.